El Pleno de la Cámara de Diputados avaló por unanimidad el dictamen de la iniciativa del diputado federal Jaime Bueno Zertuche, el cual adiciona un segundo párrafo al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para precisar que las contrataciones sobre bienes muebles y prestación de servicios deberán apegarse a los principios de ética, transparencia y máxima publicidad. 

En Tribuna, el integrante del Grupo Parlamentario del PRI fundamentó que el objetivo es contribuir al debido uso y ejercicio de los recursos públicos, una demanda válida y justa de la ciudadanía, así como un mandato firme para los funcionarios. 

El legislador priista puntualizó que el deber ético del servidor público busca que, en toda decisión y acción, prevalezca el bienestar social en coordinación con los objetivos del Estado mexicano, mientras la transparencia es esencial en la construcción de gobiernos más abiertos al escrutinio público, fomenta la participación de la sociedad y una mayor rendición de cuentas públicas. 

Mencionó que el principio de máxima publicidad establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, órgano, organismo o entidad federal, estatal o municipal, es pública. Solo excluye la que se considera de reserva prevista en la ley, pero impulsa una oportuna respuesta a las solicitudes de información. 

El legislador promovente precisó que la observación de estos principios es relevante en las contrataciones públicas previstas en la Ley que se propone modificar, pues estas adquisiciones son un pilar fundamental de la gobernanza. 

Además, indicó, están estrechamente vinculadas a la prestación de servicios públicos, al desarrollo social, y tal como sucedió en la pandemia por COVID 19, a la atención de emergencias que ponen en riesgo a la población. 

Por estas razones, Bueno Zertuche resaltó que esta propuesta se formula con la finalidad de que a través de la aplicación de estos principios se genere una dinámica positiva en las adquisiciones públicas, fortaleciendo la confianza ciudadana en los servidores públicos. 

El decreto fue avalado por 488 votos a favor, pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.